En Sentencia T-230-20 del 07 de julio de 2020 del magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional analiza el caso de una acción de tutela instaurada por el ciudadano Christian Fernando Joaqui Tapia en contra de la empresa de Acueducto y Alcantarrilado de Popayán, respecto de un derecho de petición presentado por mensaje directo dirigido al perfil de Facebook del Acueducto de Popayán, requiriendo copia de algunos documentos relativos a las obras que realizaba la empresa en un sector del municipio. La respuesta de la entidad fue solicitar al tutelante redirigir su requerimiento a los canales autorizados, toda vez que las redes sociales no tenían ese propósito.

Al respecto, se considera que, si bien es constitucional y legalmente admisible que las entidades definan los canales autorizados para el trámite de solicitudes ciudadanas, lo cierto es que, en concordancia con la regulación amplia contenida en el CPACA sobre el derecho de petición, cuando una entidad hace uso de redes sociales, como Facebook, debe tener presente que ellas también constituyen un medio idóneo para el ejercicio del citado derecho, de carácter electrónico, dado que permiten una comunicación bidireccional con los usuarios. Lo anterior, siempre que la solicitud se realice en términos respetuosos, se trate de una de las expresiones que suponen el ejercicio de tal derecho, y se pueda identificar al originador del mensaje, así como determinar que este aprueba su contenido.

En este sentido, si la red social permite una comunicación con doble direccionalidad, los mensajes que cumplan con las características propias del derecho de petición tendrán que ser resueltas por la entidad, de acuerdo con los estándares constitucionales y legales correspondientes, a menos que ella elimine dicha opción y tan solo deje habilitado un canal oficial. En efecto, a pesar de que un organismo señale una dependencia como la habilitada para el trámite de peticiones, si ella utiliza redes sociales bidireccionales asume la posibilidad de que algún ciudadano formule por esa vía una solicitud que reúna los requisitos de una petición, la cual debe ser tramitada, como lo dispone el CPACA, en desarrollo del artículo 23 de la Constitución. Para tal efecto, la entidad podrá determinar si redirecciona directamente tales solicitudes al área encargada de atención al usuario, o habilita su trámite por la Dependencia que recibió la comunicación, o asume cualquier otra medida que estime pertinente, sin que la carga de redirigir la solicitud pueda ser trasladada al peticionario.

Sobre este punto, cabe anotar que, al menos en lo que concierne a Facebook, los perfiles de las entidades permiten deshabilitar la recepción de mensajes directos por los ciudadanos, de manera que la cuenta no sea, en principio, un medio para tramitar PQR. Pero, de no eliminar esa posibilidad, y de permitir que, por ejemplo, por el “muro” se reciba un mensaje de datos que suponga la obligación constitucional de respuesta, se deberá dar trámite en los términos en que fue descrito en el fallo, lo que no se ve afectado por la falta de agotamiento del proceso de verificación de una cuenta, siempre que se logre probar que efectivamente fue creado por la entidad y esta utiliza para, entre otros fines, informar a la ciudadanía.

La Ley 2220 del 30 de junio de 2022 entrará en vigencia este 30 de diciembre del año en curso. 

Esta Ley establece entre tantos puntos uno importante que es la ratificación del uso de recursos tecnológicos para llevar a cabo audiencias de conciliación por medios virtuales, se establece que las audiencias podrán celebrarse de manera presencial, digital o mixta a criterio de las partes, quienes deberán indicar a través de que medio van a comparecer. 

Otro punto relevante de esta ley, consiste en que consagró como requisito de procedibilidad en el artículo 67, en todos aquellos asuntos conciliatorios descritos en el artículo 7 y que no se encuentren expresamente excluidos tales como, los procesos divisorios, de expropiación, monitorios y en general, aquellos en que sea obligatorio citar indeterminados. No se requerirá cumplir con este requisito para demandar en temas laborales, o cuando se manifieste bajo la gravedad de juramento que se desconoce el domicilio y contacto del demandado, así como cuando se soliciten medidas cautelares.

Además, la conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil se regirá por lo previsto en el Código General del Proceso, debe intentarse antes de acudir a los procesos declarativos, salvo en los procesos divisorios, los de expropiación o los monitorios que se adelanten en cualquier jurisdicción y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.

Por último,  en materia de familia será requisito de procedibilidad, entre otros, en las controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores y personas en condición de discapacidad, asuntos relacionados con obligaciones alimentarias y declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.

Teniendo en cuenta la especial protección a la Seguridad Social Integral en Colombia, la regla general indica que toda persona natural o jurídica que contrate empleados debe pagar aportes parafiscales y seguridad social, proporcionales al salario devengado por los colaboradores.

No obstante lo anterior, en el estatuto Tributario se contemplan exoneraciones al pago de aportes parafiscales y aporte en Salud a cargo del empleador, a quienes cumplan con lo siguiente:

1. En el caso de que el empleador sea una persona jurídica, la exoneración de los parafiscales y aporte en salud aplica únicamente respecto a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, como lo indica el Art. 114-1 del estatuto tributario así: “Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”
2. En los casos que el empleador sea una persona natural, también estarán exoneradas de los parafiscales y aporte en salud aplica únicamente respecto a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, pero en este escenario el Estaturo Tributario agrega una condición, consistente en que para que el empleador sea beneficiario de esta exoneración debe emplear por lo menos dos trabajadores, como lo indica el estatuto tributario en su Art. 114-1: “Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso”.

Es menester resaltar, que la exoneración de los aportes en Seguridad Social NO APLICAN para Pensión ni ARL, únicamente para el aporte a salud y respecto del porcentaje a cargo del empleador (8,5%), no para el trabajador, es decir que al trabajador le siguen descontando el 4% de su nómina para pagar los aportes a salud que le corresponden, para la respectiva cotización.

En conclusión, la exoneración de aportes aplica así:

Para conocer como contabilizar los pagos que constituyen salario para efectos de esta exoneración o identificar si como empleador puedes acceder a este beneficio, abajo encuentras nuestros medios de contacto.

Según lo establecido en el capítulo II, artículo 18 de la Ley 1480 de 2011, quien preste el servicio de transporte asume la custodia y conservación adecuada del bien y por lo tanto, es responsable de la integridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos o complementarios si los tuviese.

Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio hace enfásis sobre el numeral 9 del artículo 11, que trata de los aspectos incluidos en la garantía legal, que, en los casos de prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, existe la obligación de repararlo o sustituirlo por otro de las mismas características o pagar su equivalente en dinero, en caso de destrucción parcial o total causada con ocasión del servicio defectuoso.

En esos casos de pérdida total o parcial, dicha responsabilidad solo cesa cuando la cosa es entregada al destinatario o a la persona designada para recibirla en el sitio convenido. En caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización a cargo del transportador será igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada.

Finalmente, el artículo 1030 del Código de Comercio, sobre responsabilidad por pérdida total o parcial de la cosa, establece que el transportador deberá responder por la pérdida total o parcial de la cosa transportada, de su avería y del retardo en la entrega, desde el momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo de ella.